Claudia Araujo- Las escuelas no son depósitos de chicos

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En varias ocasiones se abordó en este espacio el revolucionario planteo de los consejos escolares como espacio de participación democrática. Tanto promesas como miedos fueron reflejados a través de distintas voces, y esta semana la desconfianza parece haberse impuesto en la pulseada. La contracara es representada por la creciente conformación de cuerpos colegiados que ya llegarían a 200 en la provincia. En consecuencia, amerita preguntar: ¿quién ganó y quién perdió a partir de la modificación de la nueva legislación?

Hace una semana la aprobación de la ley de Educación provincial, entre otros aspectos, consagró la vigencia de los consejos escolares.
Con la nueva legislación también se selló la reducción de la participación de los padres, que pasó de un 50 por ciento a un 40.
La fuerte resistencia de docentes y sindicatos en cuanto al alcance que tendrían ‘personas externas’ en las decisiones de la escuela terminaron imponiéndose.

Principio
Los consejos escolares están consagrados en el artículo 82 de la Constitución provincial reformada en 1994 y en los últimos 15 años (hasta 2009) quedaron reducidos a la idea de proyectos sin concretar.
Se instituyeron con la finalidad de complementar o ‘alivianar’ la tarea de los maestros en acciones cotidianas, como por ejemplo, organizar un viaje de estudios, preparar una charla comunitaria, vincular a la escuela con otras organizaciones o instituciones de la sociedad, entre otros aspectos.
A diferencia de una cooperadora, los consejos ‘abren las puertas’ a ex alumnos, tutores y otras fundaciones, asociaciones u organizaciones civiles a comprometerse con la escuela del barrio o comunidad.

Miedos
Sin embargo, en muchos maestros —y en particular en directivos— el temor a una invasión a su tarea fue motivo suficiente como para resistir la creación de las primeras experiencias.
La Atech y Federación Sitech fueron los primeros sindicatos docentes en rechazarlos y, pese a que hace un año el gobernador del Chaco anunció su puesta en marcha (aún durante la gestión de la ministra de Educación María Inés Pilatti Vergara), la experiencia no se pudo extender como estaba planificado.
Quienes resisten su generalización sostienen que las escuelas se convertirán en espacios ‘ideologizados, de militancia político partidaria y al que arribarán personas con insanas intenciones’.

Cupos
En la composición original con la mitad de los participantes intraescolares (compuesta por docentes, alumnos y personal no docente) y la mitad extraescolar (integrada por padres, ex alumnos y organizaciones no gubernamentales) el director del establecimiento era quien detentaba la voz definitoria.
A partir de la sanción de la Ley 6.691—que en las próximas horas será promulgada—, la participación legal se redujo en un 10 por ciento. Así de los 14 integrantes habilitados para representar a una comunidad educativa, sólo 5 (5,6 es la cifra exacta) estarán ocupados por padres, ex alumnos y otras instituciones de la sociedad civil.

Optimismo
El representante chaqueño de la Unión de Cooperadoras Escolares de la República Argentina (Ucera), Humberto Ceroni, celebró como un logro que la nueva ley provincial de Educación garantice la participación de la comunidad en los consejos escolares.
En diálogo con esta columna confirmó que en la provincia ya son 200 las comunidades que se organizaron y colaboran con directivos “para evitar que la escuela se convierta en un depósito de chicos”.
Ucera resalta cuatro experiencias emblemáticas: el CEP 75 de Corzuela, una EET de Barranqueras, una primaria del barrio Güiraldes y la EGB 1 Benjamín Zorrilla de Resistencia.
“Son espacios que lograron materializar la aspiración de formar una red comunitaria de cooperadoras y de consejos escolares”, destaca.

Por más
Ahora el sector pide estar representado en el Ministerio de Educación para transmitir los problemas que aquejan a las escuelas. “Cada comunidad tiene sus temas de interés, pero hasta ahora lo edilicio es lo preponderante”, sostiene el dirigente de Ucera, que también valora de los papás tener claro que las reparaciones son “responsabilidad del Estado”.
La necesidad de contar con un espacio propio en la cartera educativa busca crear una “vía directa” con las autoridades ante necesidades urgentes.
En respuesta al interrogante del comienzo, creemos que a pesar de las limitaciones del medio, de las preocupaciones, los miedos y las adversidades, toda carga se aligera si son más quienes deciden llevarla. No hay ganadores ni perdedores por la nueva asignación de límites a la participación, sí hay mucho por empezar a cambiar, y en buena parte los caminos ya están habilitados.
La responsabilidad de los tutores, sean padres, madres, tíos o hermanos, no puede limitarse a la firma de libretas, reuniones por conflictos o actos escolares. Porque la institución educativa es algo más que una guardería o un depósito de niños.


Hacia la calidad
Después de analizar los resultados del examen encomendado por la provincia para conocer el estado actual de la educación, el consejo asesor para la calidad educativa presentó el viernes sus propuestas.
A partir de ahora las sugerencias serán analizadas por las organizaciones de la sociedad para retornar convertidas en conclusiones al gobierno y la legislatura.
Entre otros puntos se plantea realizar un censo educativo con periodicidad, fijar metas y plazos para mejorar resultados, aumentar días y horas de clases, mayor compromiso de familias y maestros, reinstalar contenidos anteriores a la Ley Federal y más tiempo dedicado al deporte y las artes.
Los autores identificados como ciudadanos (Mempo Giardinelli, Delfina Veiravé, Hugo Maldonado, Atilio Fanti y Enrique Dambra) proponen debatir un análisis que “fortalezca las políticas educativas de los próximos 20 años”.

Desde la cumbre
Los gobernantes de 22 naciones de Iberoamérica, incluida la Argentina, acordaron el sábado impulsar inversiones millonarias en el sector educativo en la llamada “Declaración de Mar del Plata”.
La esperada resolución promueve la universalización de la educación de calidad como un derecho humano fundamental e inalienable y alcanzar plena alfabetización en todos los países de la región antes de 2015.
El anunciado plan de metas educativas prevé un presupuesto de 100.000 millones de dólares y se ejecutará en los próximos 11 años.
Uno de los conceptos más destacados de la semana lo aportó el ministro de Educación de España, Ángel Gabilondo, al asegurar que “invertir en educación puede resultar caro para algunos, pero no invertir seguro resultará carísimo”.
“Usted invierta en ignorancia y verá lo que pasa”, dijo el funcionario durante el Sexto Encuentro Cívico Iberoamericano de Educación para la Inclusión Social que se desarrolló el jueves en Mar del Plata antes de la Cumbre de presidentes de viernes y sábado.
Para Gabilondo las metas de este siglo “tienen que ver con la investigación, innovación, la tecnología; pero con inversiones claras y precisas”. 

Fuente: Diario Norte